Las empresas de transporte ya no verificaran los permisos para sacar menores fuera de Argentina. Esto genera preocupación sobre los riesgos de tráfico infantil.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 5/2025, dispuso que las empresas de transporte de pasajeros ya no estarán obligadas a verificar que las personas que viajen con menores de edad tengan los permisos correspondientes para sacarlos del país en los servicios internacionales. En otras palabras, ya no será requisito que las empresas verifiquen la presentación de autorizaciones de viaje u otros documentos antes de embarcar a menores en sus unidades.
La norma deja exclusivamente en manos de los controles fronterizos la tarea de fiscalización, eliminando un filtro clave que en numerosas oportunidades ha servido para detectar casos de tráfico de personas.
Esta medida ha generado fuertes críticas ya que supone un cambio significativo en la regulación del traslado de niños y adolescentes, dejando sin efecto una normativa clave para prevenir casos de trata y secuestro infantil.
Esta disposición contradice la política de prevención que había regido hasta ahora y que implicaba la existencia de múltiples instancias de control para garantizar que los niños y niñas que salían del país lo hicieran bajo las condiciones legales adecuadas. La eliminación de este filtro ha despertado preocupación en organismos de derechos humanos y especialistas en protección infantil, quienes advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles en un contexto en el que el tráfico de menores sigue siendo una problemática grave a nivel internacional.
Diversos sectores han recordado declaraciones previas del presidente Javier Milei en las que, en un marco teórico sobre el liberalismo extremo, sostuvo que la compra y venta de personas podría considerarse parte del mercado. Aunque el Gobierno no ha relacionado esta disposición con aquellas afirmaciones, la coincidencia temporal ha generado inquietud y reacciones de rechazo.
Desde organismos de protección de la infancia han señalado que esta medida va en sentido contrario a los estándares internacionales de lucha contra el tráfico infantil. «Eliminar controles intermedios reduce significativamente la capacidad de detección temprana de situaciones de vulnerabilidad», explicó una fuente ligada a la Justicia de Menores.
Por su parte, desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) sostienen que el objetivo de la disposición es “agilizar el tránsito internacional”, sin que ello implique una disminución en los controles de frontera. Sin embargo, la experiencia indica que la supervisión adicional por parte de las empresas de transporte ha sido una herramienta fundamental para evitar la salida irregular de menores.
A partir de febrero de 2025 el personal de las compañías de colectivos de larga distancia, las aerolíneas y los servicios de transporte de pasajeros por vía marítimo-fluvial ya no tendrán que pedir y verificar los permisos de viaje de los menores de edad, así como tampoco deberán chequear la documentación de residencia de personas extranjeras radicadas en Argentina que ingresen o egresen del país.
La tarea quedará a cargo sólo de representantes de Migraciones, según explicaron las autoridades en su Disposición, porque "atendiendo a la aplicación de nuevas modalidades de contratación de un medio de transporte internacional en forma y tramitaciones de check-in previo al abordaje en forma remota, resulta necesario dispensar a las operadoras de los medios de transporte internacional de requerir aquella documentación anexa que tuviere por finalidad la acreditación de residencia y/o permanencia en el país y/o autorización de viaje de menor".
En el caso de las personas extranjeras radicadas en nuestro país o que entran o salen por viaje circunstancial, las compañías de transporte ya no pedirán el certificado de residencia (que puede ser precaria, temporaria o permanente), ni el comprobante de permanencia autorizada.
El control que se eliminó fue el que estaba a cargo de las compañías de transporte -que son empresas privadas- pero el control del Estado seguirá presente a través de los puestos de Migraciones en los puntos de entrada al país.
Las familias seguirán necesitando un permiso validado por un juez o autoridad competente para sacar del territorio a un menor de edad, además de un documento que pruebe el vínculo de la persona mayor de edad con el niño, niña o adolescente.